Concurso de acreedores y crisis del Covid-19

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, contempla en su Anexo, entre otros aspectos, el catálogo de actividades suspendidas conforme al Artículo 10.3.

Medidas complementarias en el ámbito laboral

Posteriormente, mediante Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, se estableció la imposibilidad de que las empresas / autónomos puedan despedir a sus trabajadores, por causas fuerza mayor o por las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Finalmente, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, en el que se acuerda suspender las actividades denominadas “no esenciales”, ha avocado a la gran mayoría del tejido empresarial al cierre de sus negocios, imponiendo la formula de “permisos retribuidos” para sus empleados.

Esta dramática situación ha ocasionado que una multitud de empresas y negocios se vean en una situación desesperada. Por un lado no pueden obtener ingresos, ya que se han visto abocados al cierre de sus negocios por imperativo legal. Y por otro, se encuentran en la obligación de seguir retribuyendo a sus trabajadores, a pesar de que no pueden incorporarse a sus puestos de trabajo. El desenlace lógico de esta concatenación de acontecimientos se traduce en que una gran parte de los empresarios afectados por esta realidad, estén teniendo grandes problemas de liquidez para afrontar sus obligaciones de pago a corto plazo.

Dudas surgidas en empresarios respecto del concurso de acreedores

Ante este escenario, las principales dudas que han surgido a los empresarios se han centrado en los deberes de los administradores de las sociedades mercantiles de solicitar o no el concurso de acreedores, máxime cuando además, el referido Real Decreto ha impuesto la suspensión de plazos procesales.

Por este motivo, antes de nada, debemos tomar en consideración que la obligación de solicitar el concurso se encuentra regulada en el Artículo 5 de la Ley Concursal, donde se indica el presupuesto objetivo del concurso, es decir, cuándo nos hallamos en una situación de insolvencia, definiéndola como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones de pago.

Plazos establecidos en la Ley Concursal

Es decir, la Ley Concursal establece que, desde el momento en el que existe la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones de pago, el órgano de administración dispone de un plazo de dos meses para solicitar el concurso de acreedores; siendo que la infracción de dicho deber podría dar lugar a la declaración de un concurso culpable y sus consecuencias, entre otras, la inhabilitación para administrar bienes ajenos y posible responsabilidad por daños y perjuicios del Administrador, quien responderá con sus bienes presentes y futuros de las deudas de la sociedad.

En opinión de las empresas consultadas, las últimas medidas adoptadas por el Gobierno no facilitan la supervivencia del tejido productivo, sino todo lo contrario. También opinan que las medidas encaminadas a reducir la flexibilidad de las empresas para adaptarse a este entorno tan desafiante, unidas a la obligación del pago de todos los costes fijos derivados de su actividad, desde impuestos hasta alquileres, terminarán por provocar un aumento de los concursos de acreedores. «En este entorno tan complejo y con tanta incertidumbre regulatoria, la única certeza que existe es que el único que no pagará será quien se acoja a un concurso».

Es aquí cuando debemos tomar en consideración que en el momento en el que se levante el estado de Alarma, muchas empresas se van a ver obligadas, o bien, a realizar la comunicación del Artículo 5 bis de la LC (preconcurso) para intentar sobrevenir el estado de insolvencia, o bien solicitar directamente un concurso de acreedores.

Un mecanismo frente a problemas de falta de liquidez

Por tanto, ahora mas que nunca, el concurso de acreedores puede ser un mecanismo imprescindible para que las empresas puedan resolver sus problemas de falta de liquidez para hacer frente a sus pagos inmediatos: facturas a proveedores, deudas a bancos, salarios de trabajadores, etc, una vez que termine el estado de alarma.

Recordemos que a través de este procedimiento, anteriormente conocido como suspensión de pagos, se pretende atender los pagos de forma ordenada y lograr soluciones que permitan la viabilidad de la empresa y eviten su quiebra. Se trata, por tanto, de un proceso que trata de ayudar a las empresas en situación de insolvencia a articular un sistema que les permita hacer frente a sus deudas actuales. Para lograrlo, se pueden llegar a negociar quitas (reducción de deudas), a paralizar ejecuciones o incluso a aplazar el pago de la deuda.

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En Bufete Picazo Abogados&Partners, contamos con amplia experiencia, tanto en la preparación de preconcursos, como de concursos de acreedores en Albacete. Para ello, contamos con un equipo de abogados y economistas con una alta preparación en la tramitación de situaciones de crisis empresarial.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a superar situaciones económicas complejas, ofreciendo nuestros servicios jurídicos para gestionar situaciones de insolvencia, así como el estudio y presentación de concursos de acreedores de personas físicas y jurídicas, defensa de los intereses del acreedor en el concurso, elaboración de dictámenes en el ámbito del concurso y reintegración de bienes.

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